Violencia y acoso laboral en Chile: lo que revela el CEAL-SM/SUSESO 2025
En 2025, más de un millón de personas trabajadoras en Chile respondieron el cuestionario CEALSM/SUSESO, el instrumento oficial para evaluar los riesgos psicosociales presentes en los lugares de trabajo. La Superintendencia de Seguridad Social publicó recientemente los resultados de esta tercera aplicación, y las cifras confirman que, aunque la mayoría de los centros de trabajo se mantiene en un nivel de riesgo bajo (79,2%), un 20,8% presenta un estado no óptimo que exige atención preventiva.
Ese riesgo no se distribuye de manera uniforme entre los sectores económicos, se concentra con especial fuerza en administración pública (44%), salud (42,3%) y educación (30,9%), mientras que actividades como minería, construcción, agricultura y pesca, y agua y desechos muestran las proporciones más bajas. Al mirar las dimensiones específicas que componen el cuestionario, destacan tres como las más críticas: vulnerabilidad (86,6% de los centros en riesgo medio o alto), carga de trabajo (86,5%) y exigencias emocionales (79,5%).
Pero quizás el dato que exige mayor atención es el que revela el cuestionario sobre violencia y acoso: un 33,9% de las personas trabajadoras declaró haber vivido al menos una situación de este tipo en los últimos doce meses, con una brecha de género que no puede pasarse por alto, 37,1% en mujeres frente a 31,2% en hombres.
El instrumento clasifica el riesgo psicosocial a nivel de cada centro de trabajo exigiendo que más de la mitad de sus trabajadores reporten exposición a una conducta para que esta se considere relevante. Ese criterio, razonable para dimensiones como la carga laboral, se vuelve ciego frente a la violencia y el acoso, fenómenos que rara vez afectan a la mayoría de un equipo, sino a personas puntuales. El resultado es elocuente: de 20.913 centros evaluados, solo uno quedó clasificado en riesgo alto y tres en riesgo no óptimo. Bajo esa lente, el problema prácticamente desaparece.
Por fortuna, los propios autores del informe advirtieron esta limitación y complementaron el análisis con una medición individual y binaria: si la persona vivió o no al menos un episodio de violencia o acoso en los últimos doce meses, sin importar su frecuencia.
Esta decisión, alineada con el espíritu del Convenio 190 de la OIT y de la Ley Karin —que reconocen que un solo evento ya constituye una vulneración—, cambia radicalmente el panorama. Bajo esta óptica, un 33,9% de las personas trabajadoras chilenas declaró haber sufrido alguna forma de violencia o acoso en el último año, cifra que coincide con el 34,3% que la OIT reporta para la región americana. Las conductas más frecuentes fueron las disputas y conflictos en el trabajo (17,6%), las bromas desagradables (14,3%) y el hostigamiento entendido como sentirse intimidado o ridiculizado frente a otros (11,3%).
El acoso sexual, aunque el menos frecuente en términos relativos (1,3%), mostró la brecha de género más clara: 1,67% en mujeres frente a 1,03% en hombres, patrón que se repite en casi todas las conductas medidas, con mayor exposición femenina sistemática, aunque de magnitud estadística moderada.
El hallazgo más contundente del informe, sin embargo, no está en la prevalencia sino en su correlación con la salud mental. Entre quienes presentan riesgo alto en la escala GHQ-12 (instrumento que usa el cuestionario para medir el estado de salud mental de las personas trabajadoras.), un 59,2% declaró haber sufrido violencia o acoso, cifra que cae a 34% entre quienes tienen riesgo medio y a apenas 16,5% entre quienes gozan de buena salud mental.
En resumen, un tercio de quienes trabajan en Chile ha vivido violencia o acoso en el último año. Detrás de cada estadística hay una persona que llegó a su lugar de trabajo esperando encontrar un espacio seguro, y no lo encontró. Medir es el primer paso, la verdadera prueba está en lo que las organizaciones hacen con estos datos una vez conocidos.
