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By 29/05/2024 Mayo 30th, 2024 No Comments

Sentencia Exma. C.S. N°146.918-2023: Corte Suprema Unifica jurisprudencia respecto al correcto sentido y alcance del artículo 184 del Código del Trabajo, en relación con la determinación de las medidas necesarias que el empleador debe adoptar para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y su oportunidad, en causa de un docente agredido por dos estudiantes.

Con fecha 06 de mayo de 2024, la Exma. Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante -un docente agredido por dos alumnos, al que se le declaró una enfermedad profesional relacionada con esos hechos- en contra del fallo de la C.A. de Rancagua, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Rengo -tribunal que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral por enfermedad profesional deducida por el docente-,  anulando la sentencia del tribunal de primera instancia, al considerar que infringía lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo. Lo anterior, en atención a que la Exma. C.S. determinó que la obligación de seguridad del empleador en el caso concreto consistía en precaver la ocurrencia de los hechos dañosos causados por dos alumnos del establecimiento en el que prestaba servicios el demandante, debiendo responder por apartase del mandato normativo contenido en el artículo 184 del Código del Trabajo, ya que de los hechos asentados se constata que ninguna medida tomada por el demandado fue adoptada para evitarlos, debiendo entenderse que resulta razonable exigir al empleador una constante vigilancia y capacitación a alumnos y docentes, la cual va más allá de simplemente conocer el procedimiento de denuncia y sanción de las conductas consideradas gravísimas.

Respecto a los hechos de la causa, y para entender el contexto de la decisión de la Exma. Corte Suprema, debemos señalar que el Juzgado de Letras de Rengo estableció como hechos acreditados -destacando los más relevantes para el presente artículo- los siguientes:

“(…) 2.- En agosto y septiembre de 2018, el demandante sufrió agresiones de dos alumnos del liceo, consistentes en actos de acoso virtual y amenaza de agresión física.

3.- El 9 de agosto de 2018, se decidió la expulsión del primer alumno, medida que fue dejada sin efecto por la Superintendencia de Educación; mientras que el segundo fue suspendido, reincorporándose al establecimiento en forma condicional.

4.- Ambos alumnos pidieron disculpas al demandante, sin que volvieran a incurrir en actos ofensivos contra él u otro docente.

5.- El actor no tuvo más contacto con aquellos dos alumnos, de quienes se hicieron cargo otros profesores (…)

7.- Durante 2019, se efectuaron charlas en el establecimiento relacionadas con la convivencia escolar.

8.- Mediante resolución pronunciada el 12 de marzo de 2020 por la Superintendencia de Seguridad Social, se determinó que la neurosis laboral diagnosticada al actor es de carácter laboral, estableciéndose que se produjo mientras se desempeñaba como dependiente de la demandada, que fue provocada por los dos hechos ejecutados por los referidos alumnos” (…)”

En consideración a dichos hechos, el tribunal ya individualizado determinó que la demandada cumplió con su deber de cuidado en los términos exigidos por el artículo 184 del Código de Trabajo, en atención a que el establecimiento, después de los actos ejecutados por los alumnos, a quienes impartía clases el demandante: (i) activó los protocolos establecidos, citando al comité de convivencia escolar e investigando los hechos; (ii) se propusieron y ejecutaron las sanciones respectivas, realizando reuniones  con los implicados, quienes pidieron disculpas públicas y privadas al afectado; (iii) y el docente recibió apoyo por el liceo, el que instó por medidas preventivas para que no se viera expuesto a los agresores y hechos similares no volvieran a ocurrir; concluyendo el sentenciador que las medidas adoptadas fueron eficaces, en cuanto a que los hechos no se mantuvieran ni se repitieran, lo cual evidenciaría la voluntad del director de ayudar al trabajador. Por dichos motivos, se rechazó la demanda interpuesta, ya que según el señalado tribunal no se habría acreditado la relación de causalidad entre el actuar del empleador y los padecimientos alegados por el docente.

Contra dicha sentencia, la parte demandante interpuso recurso de nulidad, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Dicho tribunal determinó que, según los hechos establecidos en la instancia, no existirían vulneraciones al artículo 184 del Código del Trabajo, ya que la demandada habría cumplido de la mejor manera con su obligación de cuidado -desvirtuando la presunción que pesaba en su contra-, por cuanto tomó las medidas posibles y necesarias para apoyar al actor, a quien asistió en su enfermedad, previniendo que las conductas de los alumnos no se volvieran a repetir, aplicando correctamente los protocolos establecidos en el liceo, y aumentando las actividades destinadas a guiar a los alumnos en el comportamiento adecuado, destacando además que la parte demandada contaba con mecanismos para precaver y atender situaciones de indisciplina, los cuales habrían operado en el caso concreto.

En contra de dicho fallo, se interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, el cual fue acogido por la Exma. Corte Suprema, la cual constató que existían interpretaciones divergentes sobre la materia propuesta, unificando jurisprudencia respecto al correcto sentido y alcance del artículo 184 del Código del Trabajo, en particular la determinación de las medidas necesarias que el empleador debe adoptar para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y su oportunidad.

Dicho Tribunal Supremo parte su análisis destacando que es un hecho acreditado de la causa que la “neurosis laboral” diagnosticada al demandante fue causada por la agresión sufrida por dos alumnos que realizaron actos de acoso virtual y amenazas de agresión física en su contra, la cual fue posteriormente declarada como enfermedad profesional.

Continúa señalando que del inciso primero del artículo 184 se desprende que el empleador es deudor de la seguridad de los trabajadores que dependen de él, por lo que debe tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger la vida y salud de estos, destacando que el cabal e íntegro cumplimiento de dicha obligación es de transcendencia superior a la de una simple contraprestación, ya que es un elemento de esencia del contrato.

Por lo anterior, entiende la C.S. que las normas de seguridad, ordenadas por imperativo social al empleador, no se agotarían con la sola existencia formal de un reglamento de seguridad o mediante anuncios y prevenciones dejadas a voluntad de los trabajadores, sino que deben entenderse por cumplidas cuando el empleador mantiene elementos materiales constantes y supervigilancia auténtica referida a la forma como se debe desarrollar la actividad de los dependientes.

En ese orden de ideas, y en razón de los hechos establecidos en la sentencia de primera instancia, advierte la C.S. que todas las medidas adoptadas por el empleador del demandante fueron posteriores y sobrevinientes a la comisión de los actos imputados a los alumnos a quienes se les atribuyó la autoría de las agresiones, siendo uno de ellos expulsado y el otro suspendido, en conformidad al reglamento interno del establecimiento y el protocolo que describe las faltas que se reputan gravísimas y el castigo asignado a estas. Asimismo, la Exma. C.S. determinó que no adquiere una cualidad precautoria la separación del docente de los estudiantes o que de estos se hicieran cargo otros profesores para evitar el contacto entre ellos, ya que sería una disposición tardía y reactiva a los hechos ocurridos, al igual que las disculpas y la no reincidencia en el comportamiento ofensivo contra el docente u otros trabajadores, junto a las charlas sobre convivencia escolar que se efectuaron al año siguiente de ocurridos los hechos.

En ese sentido, y considerando el origen de la enfermedad diagnosticada al demandante, la Exma. C.S. determinó que en el caso concreto se requería que la demandada acreditara su diligencia a través de medidas dispuestas en forma previa a los hechos ocurridos, y no solo que acreditara las desarrolladas con posterioridad, ya que solo se habría rendido prueba destinada a comprobar reglas que no tenían por finalidad prevenir, sino la de imponer un castigo determinado; por lo tanto, se desconocería cómo la jefatura del demandante veló anticipadamente para impedir que los maltratos de los estudiantes afectaran la integridad de los profesores del establecimiento.

Por todo lo anterior, señala la Exma. C.S. que la protección del empleador hacia sus dependientes en esta materia debe ser la necesaria y eficaz para impedir la ocurrencia de hechos que lesionen su integridad, las que solo pueden valorarse en la medida que sean oportunas y previas a la comisión de éstos, ya que las medidas sobrevinientes sólo deben entenderse adecuadas como una reacción ex post, no siendo suficientes las amenazas contenidas en un reglamento interno y/o protocolo escrito respecto a las consecuencias de las acciones disruptivas de la convivencia escolar, debido a que en el ámbito educativo los alumnos deben ser sujetos de formación permanente en su vinculación con el resto de los alumnos y los docentes, lo cual, en el caso concreto, se realizó tardíamente, mediante reuniones llevadas después de las agresiones sufridas por el demandante.

Por lo tanto, concluye la Exma. Corte Suprema que la obligación de seguridad del empleador consistía -en el caso concreto- en precaver la ocurrencia de los hechos dañosos causados por los alumnos del establecimiento, de los que debe responder el empleador por apartarse del mandato legal contenido en el artículo 164 del Código del Trabajo, habiéndose constatado que ninguna medida fue adoptada para evitarlos; asimismo, pese a que la demandada habría instado por su aplicación, esto no tendría el carácter de eficacia necesaria para eximirla de la responsabilidad que se le atribuye, ya que el actuar de los dos estudiantes fue la causa directa de la enfermedad laboral diagnosticada al actor, no siendo suficientes las medidas coercitivas y reparativas, ya que la obligación de seguridad importa la de previsibilidad de su ejecución, debiendo exigirse al empleador una constante vigilancia y capacitación de los alumnos y docentes, más allá de conocer el procedimiento de denuncia y la sanción de las conductas consideradas gravísimas.

En consecuencia, el fallo de la Exma. Corte Suprema determinó que la demandada no cumplió con la carga de demostrar que actuó con diligencia, por lo que la C.A. de Rancagua habría incurrido en un error de derecho, razón por la cual acogió el recurso de unificación interpuesto, anulando la sentencia del Juzgado de Letras de Rengo, por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo, dictando la respectiva sentencia de reemplazo que acogió la demanda por daño moral interpuesta.

Finalmente, es importante destacar el voto de minoría del Ministro Muñoz P., quien consideró que debía desestimarse el recurso interpuesto, ya que de la sentencia impugnada se podría desprender que los mecanismos con que contaba el empleador del demandante operaron correctamente, ya que frente a las agresiones se activaron los protocolos y procedimientos referidos a su denuncia; se investigaron y sancionaron los hechos, y dichos episodios no volvieron a ocurrir. En ese sentido, considera que el propósito del artículo 184 del Código del Trabajo fue alcanzado, desde el momento en que sería un hecho acreditado en la causa que se trató de los únicos hechos que afectaron la integridad del demandante en toda su carrera, lo que permitiría sostener que la recurrida veló permanentemente por el bienestar y salud del docente, impidiendo la comisión de eventos como los descritos, razones suficientes para entender cumplido el deber de cuidado contenido en esa norma.

En conclusión, podemos apreciar que en el presente fallo la Exma. Corte Suprema consideró especialmente las medidas que debería haber tomado la parte demandada para prevenir los daños sufridos por el demandante, determinando que no serían suficientes (i) las medidas coercitivas y reparativas tomadas por el establecimiento, (ii) las posteriores charlas realizadas, y (iii) contar con procedimientos y protocolos frente a agresiones, ya que bajo el criterio de Supremo Tribunal, el demandante debió acreditar medidas eficaces para prevenir las agresiones y una constante vigilancia y capacitación tanto de alumnos como de docentes para tener por cumplida la obligación contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, estableciendo requisitos más exigentes que los que consideró tanto el Juzgado de Letras de Rengo como la Corte de Apelaciones de Rancagua.

 

Juan Pablo Mendoza Hernández

Abogado del área judicial.
Lizama Abogados